La ministra de economía Salgado continua pensando y maquinando como beneficiar más a la "banca siempre gana" en contra del sufrido pueblo español.
Lo de este gobierno no tiene nombre. Con Grecia al borde del desastre, a la cual puede verse abocada España en poco tiempo, este gobierno toma ahora dos medidas que pueden hundir más en el pozo a España y su población en beneficio de la banca, auténticos representados de estos políticos y dueños de la población española.
En primer lugar, después de haber regalado a la banca millones de euros hace unos años, ahora avalan a la banca PRIVADA casi 89 Mil millones DEL ERARIO PÚBLICO DE TODOS LOS ESPAÑOLES. ¿Qué significa esto?. Que si la banca
quebrara, España se iría detrás por avalar esas pérdidas. ¡¡Genial, estamos vendidos!!. ¿Lo pretenderán sacar de la venta de nuestra Loterías del Estado?.
quebrara, España se iría detrás por avalar esas pérdidas. ¡¡Genial, estamos vendidos!!. ¿Lo pretenderán sacar de la venta de nuestra Loterías del Estado?.
Además, por si fuera poco, ahora pretender sacar también una Orden ministerial que permitirá a la banca cobrar a sus "súbditos" por ser informados de sus productos, un montante entre 120 y 600 euros.
¿Para cuando la auténtica revolución del pueblo contra estos ladrones?. Parece que es cierto que este gobierno pretende morir matando... al mismo pueblo y al Estado. ¡¡¡Paremos esto ya antes de que sea demasiado tarde!!!.
CRECE LA AVERSIÓN AL RIESGO CON GRECIA AL BORDE DEL ABISMO
España juega con fuego en plena tormenta y avala a la banca privada casi 89.000 millones
El cierre de los mercados mayoristas -donde se financian bancos y cajas de ahorros- le ha abierto una vía de agua al Estado de imprevisibles consecuencias. En un contexto de creciente aversión al riesgo, y con Grecia al pie de los caballos, el sector público ya ha avalado deudas de la banca privada por valor de 63.800 millones de euros, pero si se incluyen todas las operaciones emitidas con garantía del Estado, se estaría hablando de 88.994 millones de euros hasta el pasado 31 de julio.
La cifra es, por supuesto, la más alta jamás alcanzada, y lo que pone de manifiesto es que el sector público es ahora quien corre peligro en caso de que las entidades financieras colapsen por un agravamiento de la crisis en los mercados de deuda debido a su enorme exposición a la deuda pública (a medida que sube la rentabilidad, bajan los precios de los bonos). El Estado, a cambio de una comisión, es quien debe correr con las pérdidas en caso impago.
Los avales concedidos a bancos y cajas representan por el momento el 43,5% de los 146.700 millones que ha comprometido como máximo el Ministerio de Economía ante las autoridades de Bruselas, que deben aprobar las operaciones al tratarse de ayudas de Estado, lo que distorsionaría la libre competencia. La última autorización -quinta prórroga- fue remitida por Bruselas a Madrid el pasado 1 de junio, pero expira el próximo 31 de diciembre. Y nada indica que será la última.
Los mercados siguen cerrados y sólo las cámaras de compensación y la suavización del régimen de aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos han permitido aligerar algo la tesorería de las entidades financieras, que sólo pueden cerrar el grifo del crédito para asegurar sus niveles de solvencia. Hasta el momento, sólo las cajas de ahorros y algún banco pequeño han dispuesto de la garantía del Estado, toda vez que las grandes entidades han podido afrontar al temporal sin avales públicos.
Para hacerse una idea de las dificultades que tiene la banca para financiarse al margen del Estado, hay que tener en cuenta que representa un crecimiento del 39% respecto de noviembre de 2010, y desde entonces la crisis de deuda soberana no ha hecho más que deteriorarse. España se comprometió ante el comisario Almunia -responsable de Competencia en la Comisión Europea- a presentar durante esta misma semana un informe de evaluación sobre el funcionamiento del régimen de concesión de avales públicos. Y sobre la base de ese informe, Bruselas prolongará la autorización.
En su misiva de junio, la Comisión Europea admitía que dado que el objetivo de la medida consiste en ofrecer financiación “a corto y medio plazo” a las entidades de crédito que no pueden obtener fondos en los mercados financieros, o que sólo pueden obtenerlos con márgenes muy altos, se anunciaba que el régimen estará disponible “mientras dure la crisis financiera mundial”.
Ventajas para el sector privado
La legislación obliga a las entidades financieras a presentar ante el Tesoro Público un Plan de Viabilidad en caso de que las emisiones de una entidad superen los 500 millones de euros y representen más del 5% de sus pasivos totales. La ventaja de este tipo de operaciones para el sector privado, además de la obtención de liquidez, se deriva de que las emisiones avaladas no computan a efectos de recursos propios por riesgo de crédito.
Y es que la crisis no da respiro. Lejos de resolverse, se agrava de la mano de las dificultades de Grecia para enderezar su economía. Ayer un portavoz del Gobierno heleno llegó a decir que el país sólo tiene dinero para pagar las nóminas de los empleados públicos y los pensionistas hasta el mes de octubre, lo que también puede interpretarse como una medida de presión para que se desbloquee el sexto pago de ayuda financiera. Un dato ilustra la naturaleza de los problemas.
El Banco Central Europeo (BCE) informó ayer que la semana pasada (sin incluir las operaciones efectuadas durante el jueves y el viernes) intervino en los mercados secundarios para adquirir 13.960 millones de euros. Aunque el BCE no explicita el destino del dinero (que será drenado en operaciones de esterilización monetaria para evitar efectos inflacionistas) los mercados daban ayer por seguro que se trata de emisiones soberanas de España e Italia.
Como se sabe, el pasado viernes el economista jefe del BCE, el alemán, Jürgen Stark, presentó su dimisión para mostrar su oposición por el programa de compra de bonos. También Axel Weber, ex presidente del Bundesbank (Banco Central de Alemania), dimitió hace unos meses y abandonó la carrera para sustituir a Trichet al frente del BCE.
Lo que está fuera de toda duda es que el caso griego vive sus horas decisivas, y aunque ayer todas las autoridades europeas se conjuraron para desmentir un colapso inmediato de la economía helena, lo cierto es que casi nadie lo cree. Algo que explica el ensanchamiento de los diferenciales de los países periféricos respecto de Alemania. En el caso de España, ha vuelto a situarse por encima de los 355 puntos básicos.
El Gobierno permitirá a la banca cobrar por informar a los particulares sobre sus productos
El euríbor es principal indicador al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España. (EP)
Ampliar
- La orden permitiría a los bancos incluir las clausulas suelo y seguros frente a los tipos de interés en las hipotecas.
- Bancos y consumidores consensúan un texto conjunto de rechazo.
El Ministerio de Economía y Hacienda ultima una Orden Ministerial que permitirá a los bancos y cajas cobrar entre 120 y 600 euros por asesorarles e informales de sus productos, según cálculos de la asociación de usuarios Adicae. Economía ha declarado a 20minutos que no hará ningún comentario sobre esta nueva orden.
Llamada de Transparencia Bancaria, pretende sustituir a la actual Orden de Transparencia de 1989. Legitimará el uso de los seguros frente a la subida los tipos de interés (swaps) y las cláusulas suelo, que fijan un límite a la bajada de los tipos. Ambas prácticas han sido llevadas ante los tribunales en multitud de ocasiones.
Adicae señala que estas prácticas no se prohíben en la orden, sino que solo pide a la banca que informe sobre su inclusión en los contratos hipotecarios. La asociación califica de "absoluta vergüenza" incitar a las entidades de crédito a cobrar a los usuarios por unos "asesoramientos [...] que han supuesto un perjuicio a cientos de miles de consumidores".
El sector financiero cree que debería ser más restrictivaLas patronales del sector financiero y las asociaciones de consumidores, que rechazan la orden por motivos completamente dispares, están consensuando un texto de rechazo.
Mientras que para los bancos y cajas, representados por AEB y CECA, esta legislación podría ser más restrictiva, los consumidores mantienen que supone un peligro para los derechos de los clientes, informa Europa Press. Ambos están de acuerdo por lo menos en señalar como una de las causas de su rechazo la “precipitación”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario