EL GOBIERNO CRIMINALIZA AL PARADO

Sobre esta noticia habría que decir básicamente tres cosas:

1. El grueso de estas medidas ya las intentó realizar el PP cuando gobernaba y fue criticado por la entonces oposición del Psoe, por sindicatos y la opinión pública. Hoy ha sido aprobado por ese gobierno que lo criticó. Desde aquí criticamos la medida la haya propuesto el PP o el Psoe. No se puede culpabilizar de la crisis al parado.
2. Estamos hablando de una retirada de la prestación del paro si se niegan a trabajar o a ser formados. Consideramos que cuando alguien tiene una prestación es un derecho que ha ganado al trabajar. ¿Como se puede decir que no quieren trabajar cuando los salarios de muchos de estos trabajos son tercermundistas?. ¿Como se puede cambiar la prestación por un trabajo con un salario muy inferior a la propia prestación que se cobra, lo aceptarían los políticos que lo proponen?. Hay que tener en cuenta que muchos de estos salarios cobrados por autóctonos han ido perdiendo poco a poco poder adquisitivo por la competencia desleal de los inmigrantes que han ido llegando en la última década y han aceptado ofertas a salarios más bajos.   
3. Este gobierno con la complicidad de oposición (que calla porque otorga, de hecho ya propuso medidas peores en su momento), de sindicatos y con un oscuro ministro de trabajo salido de UGT (y que en el poco tiempo que lleva ya ha aprobado las medidas más restrictivas para el trabajador español de toda su historia con la ley de trabajo, la reforma de las pensiones y ahora a los parados) están machacando al trabajador español autóctono... y ahora quieren hacerlo también con el parado. Deberían acordarse en las elecciones. Este año vamos a vivir al borde de la rebelión ciudadana. Están apretando las tuercas a lo poco que queda de la clase media y la tormenta debería ser memorable...pero de momento el pueblo español está muy dormido. ¿Despertará?.

 

 

El Gobierno endurece las sanciones a los parados que no busquen empleo

El Ministerio de Trabajo lleva ya más de tres meses dándole vueltas a la reforma de los servicios de Empleo, que en un primer momento iba a ser aprobada hoy, pero ayer se decidió que para no quedar eclipsada por la aprobación de la Ley de Cajas seguirá una semana más en el cajón.

La pieza triangular de la reforma ha sido dotar de eficacia al sistema del antiguo Inem para que al fin recoloque parados. Y es que en el primer semestre de 2010 tan sólo pudo reinsertar de nuevo en el mercado laboral al 2,4% de los desempleados. La secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, ha afirmado en multitud de actos públicos que a partir de ahora los desempleados "tendrán derecho" de ser orientados y atendidos y esto dotará de eficacia al sistema.
No obstante, en el último borrador de la reforma de las Políticas Activas de Empleo, el Gobierno ha intentado atajar este problema de una forma más práctica: endureciendo las sanciones a los parados que abandonen las acciones de políticas activas. Es decir, no sólo que no acepten cursos u ofertas de empleo, sino cualquier actuación dirigida a la orientación o información laboral ofrecida por las oficinas públicas o las agencias privadas de colocación de empleo.

Una nueva falta

Con esta medida y el plan de choque aprobado hace una semana, que incluye un recorte de cotizaciones al tiempo parcial, el ministro de Trabajo prevé que "se cree empleo neto en el primer semestre del año".
El Real Decreto-Ley incorpora esta nueva falta como una infracción leve para los beneficiarios y solicitantes de paro que se suma a las ya existentes: no comparecer en las oficinas, no cumplir el compromiso de actividad o no presentar un justificante en la oficina que demuestre haber comparecido en la empresa indicada.
Estas infracciones son sancionadas con la retirada de un mes de prestación. Si el parado acumula más de una falta leve, la pérdida de la cobertura irá aumentando hasta la extinción total de la prestación.
Por supuesto, los castigos son más duros cuando el desempleado realiza infracciones graves, que parten del rechazo de una oferta de empleo adecuada o la negativa a aceptar cursos. Un incumplimiento de este tipo provoca la pérdida de tres meses de prestación.

De los ayuntamientos a la UE

El Real Decreto-Ley fomenta la dimensión local de la política de empleo, según el borrador. Esta medida tiene como objetivo el apoyo a las iniciativas de generación de empleo en el ámbito local. "Las entidades locales podrán participar en el proceso de concertación territorial de las políticas activas de empleo, mediante su representación y participación en los órganos de participación institucional de ámbito autonómico", enuncia el texto.
Esta iniciativa no ha tenido mucha aceptación por parte de las comunidades autónomas, que ya han mostrado su rechazo ante el Ministerio, defendiendo que las competencias de empleo son estatales y su gestión es autonómica.
El decreto también fomenta la red Eures (European Employment Services) que trata la intermediación en el mercado de trabajo europeo. A través de ella, se podrán satisfacer ofertas de empleo de otros países como el interés mostrado por Alemania de trabajadores españoles. Entonces, el Ministerio afirmó que sí que disponía de una red de intermediación europea, pero no funcionaba correctamente. Por este motivo, destinará personal específico a la red Eures.

Nuevo nombre y nuevo fondo

Para darle un aspecto de renovación completo, ya que uno de los principales cambios era la homologación del tratamiento de los parados en todo el territorio nacional y se ha vuelto a quedar en el tintero, el Gobierno ha decidido cambiar el nombre al antiguo Inem, que desde 2003 se llamaba Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), a partir de ahora se denominará Servicio Estatal de Políticas de Empleo (SEPE). Por supuesto, este cambio de nombre provocará la renovación de todo el material que lleve impreso su nombre.
El decreto también constituye un Fondo de reserva de políticas activas para atender necesidades futuras de financiación, aunque no se detalla bien cuáles serán sus objetivos ni cuándo podrá ser utilizado. El borrador tan sólo describe su dotación. El fondo se financiará con el 10% de los remanentes de créditos no comprometidos por las autonomías, el 10% de los remanentes de crédito no ejecutado por el núcleo estatal y el saldo de los ingresos por cuotas formativas. Sólo se realizarán ingresos cuando las posibilidades económicas lo permita.
Por último, el texto insta al Gobierno a reformar la formación profesional para el empleo en un plazo de seis meses.

FUENTE: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2837136/02/11/El-Gobierno-endurece-las-sanciones--a-los-parados-que-no-busquen-empleo.html